Esta pasada semana han sido muy comentadas las declaraciones del Secretario de Estado de Administración Pública –Antonio Beteta-, que se ha convertido en indudable protagonista cada vez que realiza alguna manifestación, no ya tanto por el contenido de lo que dice sino por sus medidas ambigüedades.
Fiel a su estilo, el Sr. Beteta ha vuelto a generar un intenso debate en todos los corrillos donde se discuten las cuestiones que tienen que ver con nuestras Administraciones Públicas y, especialmente, del personal a su servicio al declarar, en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, que “ningún empleado público verá reducido su salario “ni en un euro” con las medidas que prepara el Gobierno para dar transparencia a los salarios de los empleados públicos”.
Se ha abierto así, a raíz de las declaraciones del archiconocido Secretario de Estado, un nuevo debate, paralelo al que ya nos ocupa a vueltas con la última versión del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local –versión 21.05.13-, sobre la inclusión en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 de una “horquilla” de máximos y mínimos para los salarios de los empleados públicos municipales”.
Evidentemente, la referencia del Secretario de Estado, a la inminente fijación de una “horquilla” o topes máximos y mínimos retributivos, sin más especificación ni detalle ha desatado, justificadamente, todas las alarmas entre nuestros ya escaldados empleados públicos, a la vista de las sucesivas medidas de restricción de derechos, no sólo retributivos –reducción salarial del 5% o supresión de paga extraordinaria de diciembre de 2012-, sino también en el ámbito de jornada laboral –ampliación imperativa, como mínimo a 37,5 horas semanales de promedio- y demás condiciones de trabajo –restricción de permisos retribuidos o del régimen de prestación complementaria por IT-.
Y decimos que la alarma creada se encuentra claramente justificada porque, tras señalar que “ningún empleado público verá reducido su salario “ni en un euro” con las medidas que prepara el Gobierno para su aprobación con la próxima LPGE, inmediatamente el Sr. Beteta – o más bien Veleta- se descuelga declarando que se “pretende dar transparencia a las retribuciones, con vistas a que con el tiempo se vayan acortando las diferencias”
La pregunta está servida: si la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 va a fijar una “horquilla” de máximos y mínimos en las retribuciones de los empleados públicos, cómo se compagina que no se vaya a producir una reducción salarial con la pretensión –confesada- de homogeneizar las retribuciones de los empleados públicos municipales, con vistas a que se vayan “acortando las diferencias” y facilitar su movilidad de una a otra Administración Pública.
Evidentemente, una vez que se produzca la aprobación de la Ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local –prevista para este próximo mes de junio, y su entrada en vigor en enero de 2014-, y empiece a operar la “transferencia” de servicios públicos que ahora prestan muchos Ayuntamientos o Mancomunidades a las Diputaciones o Comunidades Autónomas, se pondrá en marcha la correspondiente transferencia de medios “personales”. Es decir, que el personal que prestaba servicios en un Ayuntamiento u otra Entidad Local, y se encontraba adscrito a un servicio de los que, con la reforma local, serán asumidos por la correspondiente Diputación o Comunidad Autónoma, experimentará la “movilidad” a que se refiere el Sr. Beteta. Y, para que esto tenga lugar, pudiendo integrarse, ordenadamente, en la Administración “superior” de destino el personal que antes estaba adscrito a distintos Ayuntamientos, habrá que “homogeneizar” sus retribuciones.
Piénsese que si ya en muchos Ayuntamientos es un auténtico caos el que producen las diferencias retributivas entre distintos empleados públicos que, en ocasiones, realizan las mismas funciones y tienen análogas condiciones de trabajo, qué puede pasar cuando esta dispersión se traslade a la Diputación o Comunidad Autónoma que absorberá al personal que estaba adscrito a los servicios públicos que, aprobada la reforma local, queden fuera del ámbito municipal o, sencillamente, no se ajusten a los estándares de eficiencia que se determinen.
En cualquier caso, las declaraciones del Secretario de Estado no podían haber sido más desafortunadas, no sólo por el nivel de inseguridad jurídica que crean, sino porque quien nos pretende hacer ver que la finalidad de este fantástico mecanismo de “transparencia”, consistente en que cualquier ciudadano pueda ver en la Ley de Presupuestos Generales del Estado la “horquilla” de retribuciones de los empleados públicos, resulta ser todo menos transparente en sus afirmaciones, al encubrir una equiparación retributiva con lo que pretende ser, sencillamente, un nuevo ajuste en las retribuciones de los empleados públicos municipales.
Llama la atención, por otro lado, que se pretenda vender como “transparencia” algo que, básicamente, ya es público, en la medida en que las sucesivas LPGE ya contienen las retribuciones básicas de los empleados públicos en función de su grupo de titulación, el importe de los trienios, y la cuantía asignada a cada nivel de complemento de destino –dentro de la “horquilla” de niveles fijados legalmente”. Y, si a lo anterior, unimos que los Presupuestos municipales y el correspondiente Anexo de personal –que comprende la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo u instrumento de ordenación análogo-, ya se publican en los Boletines Oficiales correspondientes, el discurso sobre “transparencia” del Sr. Beteta –para encubrir un nuevo recorte retributivo- queda claramente en entredicho.
Habrá que ver en cualquier caso cómo se pretenden instrumentar estas “horquillas” salariales, que se establecerán presumiblemente en función de los distintos grupos de titulación y afectarán al complemento específico; y cómo las futuras previsiones de la LPGE 2014 salvaguardan los derechos adquiridos en materia retributiva, que se han extendido en nuestra doctrina jurisprudencial también al complemento específico y a la productividad impropia, a través del establecimiento de mecanismos como la fijación de un complemento personal transitorio.
Bajo nuestro modesto criterio, no parece factible jurídicamente, al menos en el caso de los funcionarios públicos, una reducción retributiva inmediata, sin un régimen transitorio adecuado que garantice los citados derechos consolidados; de forma que en el momento en que entre en vigor la LPGE para 2014 aquellos empleados públicos que excedan el tope retributivo que se establezca vean, sin más, reducido su nivel de complemento específico. En el caso del personal laboral, sin embargo, el mecanismo ya previsto en la última reforma laboral de reducción de retribuciones por la vía de modificación sustancial de condiciones de trabajo, augura un panorama incierto para este colectivo de empleados.
En colaboración con ACAL, S.L.
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